Colombia es uno de los Estados Americanos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos que más casos ha evidenciado sobre la ocurrencia de este fenómeno de manera reiterativa, ello por la prolongada crisis de orden publico que ha experimentado nuestro país en este conflicto interno.
Para hacer la contextualización del Desplazamiento Forzado en Colombia podemos traer a colación un caso ocurrido en el Departamento de Antioquia y que fue estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamado CASO MASACRE DE ITUANGO VS COLOMBIA, de julio 1 de 2006
En el cual la población de unos corregimientos Antioquia, EL ARO y LA GRANJA y poblaciones aledañas, fueron invadidos por la Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales de manera abrupta y arbitraria obligaron a las personas salir de sus viviendas, hurtándoles sus reses y ganado y en algunas ocasiones destruyendo sus casas. Los habitantes de este corregimiento se vieron obligados a consecuencia de fuerza, de coerción de las armas a abandonar sus viviendas, pertenencias y salir en busca de un nuevo horizonte para salvaguardar sus vidas.
Ante este caso que evidencia la realidad de mucho territorios y victimas del desplazamiento la Corte la se manifestado que el Estado colombiano es responsables estos desplazamientos forzados, porque fueron realizados por AUC, con la presencia y/o aquiescencia de los fuerza armadas y no han realizado ninguna serie de actuaciones positivas relevante para la reparación de esta victimas y mas aun para brindar la posibilidad de retorno a las victimas a su lugar de habitación, y no se les ha garantizado en ningún caso su derecho a la seguridad personal a volver a sus tierras, ni las garantía de no repetición de esa conducta.
Adicionalmente es menester señalar que cuando hay desplazamiento forzado no solo se vulnera el derecho central que comprende y define esta situación que es el Derecho a la Circulación y Residencia, sino que este fenómeno del desplazamiento forzado acarrea la vulneración de múltiples derechos que menoscaban de la dignidad humana de las victimas; esto se evidencia en el caso señalado en cual las victimas fueron obligadas abandonar sus viviendas, les destruyeron el 80% del pueblo, les hurtado su fuente de subsistencia su patrimonio, que era el ganado, ello denota una vulneración al derecho de la propiedad privada, atropellando su libertad de desarrollar su plan de vida según su libre albedrio obligándolos a emprender y buscar nuevas formas de subsistencia, abandonando lo que les pertenecía, lo que lo identifica para tener que emprender un nuevo camino desconocido hacia la búsqueda de posibilidades de subsistencia, que sin lugar a dudas serian marginales y degradantes y en nuevos espacios donde las posibilidades de acceso y aceptación eran precarias, pues el olvido del Estado y la indiferencia de la población civil de los territorios receptores agudizan sus opciones de obtener medidas satisfactorios de subsistencia e igualdad.
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